Segunda AU 54/25: AU 54/25 | Índice: MDE 30/0508/2025 | Fecha: | Túnez
Acción UrgenteTúnez: Sometidos a juicio defensores y defensoras de los derechos humanos
El 15 de diciembre, la defensora de los derechos humanos Sherifa Riahi, y los defensores Yadh Bousselmi y Mohamed Joo comparecerán en juicio penal ante el Tribunal de Primera Instancia de Túnez, acusados de cargos falsos relacionados con su trabajo para Tierra de Asilo Túnez (Terre d’Asile Tunisie), rama local de una ONG francesa que ayuda a personas refugiadas y migrantes. Llevan en prisión preventiva arbitraria desde su detención en mayo de 2024. Las autoridades también detuvieron al mismo tiempo a Imen Ouardani, exfuncionaria local, acusada, en el mismo juicio, de colaboración con la ONG. Estos ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos y contra personal de ONG forman parte de una oleada de represión general contra los sectores de la sociedad civil que apoyan a las personas refugiadas y migrantes, represión, a su vez, atizada por un discurso racista y xenófobo. Las autoridades tunecinas deben dejar a todas estas personas de inmediato en libertad y retirar los cargos en su contra, ya que se encuentran detenidas debido sólo a su labor de derechos humanos.
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Presidente de la República
Président de la République, Kais Saied
Route de la Goulette
Site archéologique de Carthage, Túnez
Correo-e: contact@carthage.tn
X: @TnPresidency – Facebook
Excelencia:
Le escribo para transmitirle mi profunda preocupación por el procesamiento injusto y la detención arbitraria de los defensores y defensoras de los derechos humanos y empleados de Tierra de Asilo Túnez (rama tunecina de la ONG francesa del mismo nombre, Terre d’Asile Tunisie) Sherifa Riahi, Yadh Bousselmi y Mohamed Joo, junto con Imen Ouardani, exvicealcaldesa de la ciudad de Susa (este del país), cuyo juicio comenzará el 15 de diciembre. Estas personas se encuentran recluidas desde mayo de 2024 en espera de juicio, acusadas de delitos que el derecho internacional no reconoce, puesto que se basan en su trabajo legítimo de ayuda a personas refugiadas y migrantes. Túnez es Estado Parte en la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos, que establecen normas precisas para la definición de tráfico y trata de seres humanos, de las que queda exento el trabajo humanitario y de derechos humanos.
Las autoridades han procesado a Sherifa Riahi, Yadh Bousselmi y Mohamed Joo —junto con otras tres personas empleadas de Tierra de Asilo— por su trabajo. Además, se ha procesado a Imen Ouardani y a otras 16 personas —entre exfuncionarios y exempleados municipales— por su colaboración con la ONG, y, en particular, por la apertura de un local de Tierra de Asilo en un edificio municipal. Para respaldar los cargos, al cerrar la investigación, el juez de instrucción aludió a un “plan de la sociedad civil respaldado por Europa para promover la integración social y económica de migrantes irregulares en Túnez y su asentamiento permanente en el país”. Su detención y su enjuiciamiento violan sus derechos a la libertad de asociación y expresión, criminalizan la colaboración legítima entre la sociedad civil y las autoridades locales y contravienen las obligaciones internacionales de Túnez en relación con la población refugiada y migrante, al impedir labores de protección y ayuda.
Además, la administración penitenciaria está obstaculizando el acceso de Sherifa Riahi a su bebé y a su hijo de cuatro años. El 27 de junio, el tribunal de Manouba ordenó a la prisión permitirle visitas semanales. Sin embargo, la administración penitenciaria se niega a acatar el fallo del tribunal y sólo le permite visitas quincenales.
Lo insto a garantizar la liberación inmediata de Sherifa Riahi, Yadh Bousselmi, Mohamed Joo e Imen Ouardani, y la retirada de todos los cargos en su contra. Entretanto, la administración penitenciaria deberá acatar la decisión del tribunal y permitir a Sherifa Riahi más visitas de su bebé y su hijo, cuyo interés superior debe ser respetado. También pido a su gobierno que deje de atacar a quienes defienden los derechos humanos exclusivamente por su labor en ese ámbito.
Atentamente,
(NOMBRE)
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Avda. Alfonso XIII 64-66-68- 28016 - MADRID
Teléfono: 91 447 35 08 // 91 447 35 12 .-. Fax: 91 593 84 16
E-mail: madrid@embajadadetunez.es
Información adicional
A partir del 3 de mayo de 2024, las autoridades tunecinas han lanzado una oleada de represión sin precedentes contra las ONG que trabajan con personas refugiadas y migrantes: así, han efectuado redadas en al menos 3 organizaciones y han detenido e investigado al personal de 15, como mínimo. Esto forma parte de un ataque generalizado contra los derechos de las personas refugiadas y migrantes, tras un año de declaraciones oficiales racistas y xenófobas, provenientes a menudo del propio presidente Kais Saied, quien ha afirmado que la presencia de población africana negra en Túnez es parte de una conspiración, y ha sostenido que “quienquiera que esté tras este fenómeno, lo que está haciendo, al tiempo que afirma defender los derechos humanos, es trata de seres humanos”. Pocos días después de las primeras detenciones, el 6 de mayo, el presidente calificó al personal de las organizaciones de migración de “traidores” y “agentes [extranjeros]” dedicados al “asentamiento” de migrantes. El 7 de mayo, un fiscal tunecino anunció la apertura de una investigación contra varias ONG por proporcionar “ayuda económica a migrantes ilegales”.
Tierra de Asilo Túnez se encuentra inscrita en el registro y opera con transparencia, facilitando una ayuda indispensable a personas refugiadas y migrantes en situación de vulnerabilidad, para lo cual colabora con autoridades locales y nacionales, incluida la municipalidad de Susa. Fue una de las primeras ONG en ser atacadas. El 4 y el 5 de mayo de 2024, la policía registró sus oficinas y presentó citaciones al personal. El 7, el 8 y 13 de mayo, la policía detuvo y recluyó —por este orden— a Sherifa Riahi, Yadh Bousselmi y Mohamed Joo, exdirectora, director y director administrativo y económico de la ONG, respectivamente. Asimismo, el 11 de mayo la policía detuvo a dos personas más, exfuncionarias de la municipalidad de Susa, entre quienes figuraba la exvicealcaldesa y activista de la sociedad civil Imen Ouardani. El 16 de mayo, un juez de instrucción de Túnez ordenó su reclusión en espera de juicio mientras se investigaban los cargos de “ayuda a inmigrantes ilegales” (artículos 38 a 43 de la Ley 40 de 1975 sobre Pasaportes y Documentos de Viaje), abuso del cargo de funcionario público “para obtener una ventaja injustificada o causar daño a la administración” (artículo 96 del Código Penal), blanqueo de dinero, fraude y atentado contra una persona o propiedad. Entre las personas investigadas de la ONG Tierra de Asilo, figuran su representante legal y seis exmiembros y miembros del personal, a quienes se suman otras 17 personas exfuncionarias y exempleadas de la municipalidad. El juez ordenó congelar las cuentas bancarias de la organización y de las citadas personas, en espera de una investigación, y pidió a un perito financiero que investigase “ingresos injustificados y desconocidos”, tras lo cual, el 8 de enero de 2025, se afirmó que no había irregularidades. Desde mayo de 2024, las autoridades han desestimado al menos tres solicitudes de libertad condicional.
El 28 de enero de 2025, el juez finalizó su investigación y remitió a juicio sólo seis casos —los de Sherifa Riahi, Yadh Bousselmi, Mohamed Joo, Imen Ouardani y otras dos personas, una de ellas empleada de Tierra de Asilo y la otra, exfuncionaria local—, tras haber retirado varios cargos penales, incluidos los de blanqueo de dinero y abuso de cargo público. Tras un recurso de la fiscalía, el 26 de febrero de 2025, una sala de acusación resolvió procesar a las seis personas empleadas de Tierra de Asilo y a las 17 personas funcionarias y empleadas de la municipalidad por ‶forjar una alianza” para ‶albergar a personas que entran o salen ilegalmente de territorio tunecino″ (artículos 39 y 41 de la Ley 40 de 1975), ‶ayudar o intentar facilitar a sabiendas, de manera directa o indirecta, la entrada, salida, circulación o estancia irregular de una persona extranjera en Túnez″ (artículo 25 de la Ley 68-7 de 1968 relativa a la condición de los extranjeros) y abuso del cargo de funcionario público. El pasado 8 de octubre, el Tribunal de Casación desestimó un recurso de apelación contra el acta de acusación formal, con lo que se mantuvieron todos cargos, basados únicamente en el trabajo de Tierra de Asilo y en su asociación con la municipalidad de Susa para apoyar a personas refugiadas y migrantes. Las autoridades han alegado que unas irregularidades administrativas infundadas observadas en la firma del acuerdo de asociación demuestran la explotación ilegal de un edificio público para poner en marcha un ‶plan [extranjero] cuya finalidad es permitir a migrantes irregulares circular, residir y establecerse en Túnez″. La sala resolvió también procesar a Mohamed Joo por el infundado cargo de “utilizar el nombre de un funcionario público para falsificar un certificado de buena conducta o cualquier otro documento susceptible de recabar empleo, crédito o asistencia” (artículo 199 del Código Penal). Las personas acusadas han recurrido su acusación.
La detención de Sherifa Riahi y los obstáculos de las autoridades a las visitas de su hijo y su bebé plantean motivos de preocupación adicionales relacionados con la discriminación por motivos de género y por la condición de madre, y con el interés superior del niño o a niña. Se le permiten visitas semanales, realizadas a través de una mampara de cristal y un intercomunicador, lo que le impide sostener en brazos a su bebé y a su hijo de cuatro años. Durante el primer año de detención, la administración penitenciaria le ha permitido sólo tres visitas abiertas, en una habitación donde era posible el contacto físico, pero las autorizaciones correspondientes tardaron hasta tres meses en llegar. Desde el pasado mes de mayo, la administración se ha mostrado más receptiva y ha autorizado visitas cada dos semanas. De conformidad con las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres (Reglas de Bangkok), las visitas de niños y niñas a prisión deben permitir el contacto directo y se deben ofrecer a las reclusas las máximas oportunidades e instalaciones posibles para reunirse con sus hijos.
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