Primera AU: 64/26: 64/26 | Índice: EUR 44/1143/2026 | Fecha: | Turquía
Acción UrgenteTurquía: Juicio contra defensora del medioambiente
Esra Işık, defensora de los derechos ambientales de 26 años, se enfrenta a juicio en virtud de los artículos 265 y 125 del Código Penal turco por la presunta comisión de los delitos de ‶obstruir a un cargo público en el desempeño de sus funciones″ e “insultar a cargos públicos”. Fue detenida el 30 de marzo tras haber participado en una manifestación pacífica contra una resolución de expropiación urgente que afectaba a los pueblos cercanos al bosque de Akbelen, entre ellos İkizköy, perteneciente a la provincia de Muğla (suroeste de Turquía). Pasó 42 días recluida en espera de juicio. Tras haber dictado el Consejo de Estado una resolución por la que suspendía la orden de expropiación, Esra Işık quedó en libertad, pero el procedimiento penal en su contra permanece en curso. Su detención y procesamiento se deben exclusivamente al ejercicio de sus derechos. La próxima vista se celebrará el 22 de junio. Es preciso que se retiren de inmediato los cargos en su contra.
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Enis Tekgül
Fiscal Jefe de Milas
Milas Chief Public Prosecutor
Güneş Mahallesi, Labranda Bulvarı, No:53 Milas Adliyesi,
48200 Milas/MUĞLA (Turquía)
Fax: +90 252 512 91 91
Correo-e: milascbs@adalet.gov.tr
Señor Fiscal Jefe:
Le escribo para expresar mi profunda preocupación por el proceso judicial en curso contra la defensora de los derechos ambientales Esra Işık, que permaneció privada de libertad entre el 30 de marzo y el 11 de mayo, acusada de “resistencia para obstruir a un cargo público en el desempeño de sus funciones” e “insultar a cargos públicos” (artículos 265 y 125 del Código Penal turco). Su detención y procesamiento se deben en exclusiva al ejercicio de sus derechos.
Este caso se inscribe en el contexto de los prolongados conflictos ambientales y territoriales que han tenido lugar en la región de Milas-Yatağan, donde las comunidades locales —incluida la familia de Esra Işık— se han visto sometidas a repetidos desplazamientos debido a actividades mineras. A lo largo de los últimos años, las comunidades locales se han opuesto de forma pacífica a la expansión de las minas de carbón, por ejemplo, participando en manifestaciones contra la resolución de expropiación urgente que afecta a cientos de parcelas de terreno privado en la zona de Akbelen.
El pasado 7 de mayo, la Sala Sexta del Consejo de Estado dictó una resolución por la que suspendía la ejecución de las órdenes de expropiación urgente relativas a propiedades privadas sitas en seis barriadas de la región de Akbelen, perteneciente a İkizköy (Milas, provincia de Muğla). El conflicto legal en torno a la mina de carbón y a la destrucción del bosque de Akbelen se prolonga desde hace ya siete años, tiempo durante el cual las comunidades locales han llevado a cabo iniciativas pacíficas para impedir una mayor expansión.
Con todo respeto, lo instamos a garantizar que se retiren de inmediato los cargos contra Esra Işık y que se protejan plenamente sus derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica, de conformidad con las obligaciones que incumben a Turquía en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.
Atentamente,
[NOMBRE]
Envía copia a la representación diplomática de Turquía acreditada en tu país
C/ Rafael Calvo, 18, 2º. A/B .-. 28010 - MADRID
Teléfono: 91 310 39 04 - Fax: 91 308 66 02
E-mail: embajada.madrid@mfa.gov.tr
Información adicional
El pasado 30 de marzo fue detenida en la ciudad turca de Milas (provincia de Muğlala) la defensora de los derechos ambientales Esra Işık, de 26 años, cuando participaba en una manifestación pacífica durante una visita de cargos públicos al lugar relacionada con la resolución de expropiación urgente que afecta a pueblos de la zona. A continuación, quedó recluida en espera de juicio, acusada de “obstruir a un cargo público en el desempeño de sus funciones” (artículo 265 del Código Penal turco) e “insultar a cargos públicos” (artículo 125 del Código Penal turco). En la primera vista del proceso en su contra, que tuvo lugar el pasado 27 de abril, el tribunal resolvió prolongar su reclusión en espera de juicio, pero quedó en libertad el 11 de mayo, tras haber dictado el Consejo de Estado una resolución por la que suspendía la ejecución de la orden de expropiación urgente. La próxima vista tendrá lugar el 22 de junio, y se prevé que en ella se dicte sentencia.
El 30 de marzo, en torno a las siete y media de la tarde, las autoridades llegaron a la localidad de Karacahisar para ejecutar el mandato judicial de inspeccionar el lugar en el contexto de una orden de expropiación urgente relativa a 649 parcelas de bienes y terrenos. Dichas inspecciones se llevaron a cabo en muy poco tiempo, y sin participación significativa de los propietarios o propietarias afectados y de sus representantes legales.
Según el informe oficial sobre el incidente, por la tarde llegó a la zona un grupo de personas: juez, asistente judicial y especialistas por designación judicial, entre otras. La población local, que se había reunido en respuesta a los conflictos de expropiación en curso, se enfrentó a lo que consideró vehículos no identificados o vinculados a empresas.
Esra Işık (hija de Nejla Işık, representante del pueblo designada por elección) se encontraba entre el grupo de residentes presentes. Amnistía Internacional ha revisado imágenes del incidente en las que puede verse cómo residentes locales, incluida Esra Işık, discuten acaloradamente con unas personas que se encuentran en una furgoneta sin distintivo, a quienes —en un ambiente de tensión palpable— piden que dejen en paz a la comunidad. En las imágenes puede apreciarse cómo el vehículo abandona por fin el lugar. Esra Işık ha sido detenida y procesada debido, en exclusiva, al ejercicio de sus derechos. Ella niega las acusaciones en su contra, alegando no haberse percatado en aquel instante de que se encontraba ante una delegación judicial y no haber amenazado ni proferido palabras insultantes en ningún momento. Además, asegura que quienes integraban la delegación no se identificaron claramente como personal judicial, y que en la región se había producido con anterioridad un malentendido similar durante unas operaciones mineras en las que se utilizaron vehículos sin distintivo o vinculados a empresas.
El 31 de marzo, el Juzgado de lo Penal de Paz de Milas ordenó la detención en espera de juicio de Esra Işık, esgrimiendo para ello la naturaleza de los presuntos delitos y la posibilidad de que la detenida interfiriera en las actividades en curso en la región relacionadas con otras inspecciones.
La detención en espera de juicio y el procesamiento de Esra Işık se produjeron en el contexto de un conflicto de mayor calado existente desde hace ya un decenio, en torno a terrenos, bosques y medios de vida agrícolas en la región de Milas–Yatağan y, en particular en los alrededores del bosque de Akbelen y las localidades circundantes. La historia familiar de Esra Işık se ha visto moldeada por este prolongado proceso de desplazamiento: debido a las actividades mineras de extracción de carbón, su abuelo y su abuela maternos tuvieron que abandonar Sekköy y Karacaağaç, sitos también en el distrito de Milas (provincia de Mugla) y trasladarse a İkizköy, mientras que su familia paterna fue igualmente desplazada de Işıkdere, barriada de la zona que ha quedado despoblada debido a la expansión de la minería mediante expropiación que tuvo lugar en 2017. Hoy en día, la familia se enfrenta una vez más al riesgo de desalojo de la vivienda y las tierras agrícolas en las que se reasentaron, ya que las medidas de expropiación siguen suponiendo una amenaza para sus propiedades y las de otras personas del pueblo.
Las comunidades locales se han opuesto a la deforestación y a la expansión de las actividades mineras que amenazan los olivares, las tierras de cultivo y las zonas de asentamiento rural. En 2024 y de nuevo en 2026, se dictaron resoluciones de expropiación urgente que abarcaban un gran número de parcelas en varias localidades, incluidas las tierras pertenecientes a la familia de Esra Işık. Estas medidas han sido ampliamente impugnadas ante tribunales nacionales, tales como el Consejo de Estado y el Tribunal Constitucional.
En paralelo, la reforma legislativa aprobada en 2025 ha facilitado aún más las operaciones mineras en las regiones olivareras. Esta reforma ha recibido críticas de la sociedad civil y de especialistas judiciales, puesto que —según afirman— permite la expropiación acelerada y selectiva de terrenos agrícolas para la industria extractiva. A consecuencia de ella han sido ya arrancados miles de olivos en la zona de Akbelen.
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