Séptima AU: 01/25: 01/25 | Índice: AMR 53/0203/2025 | Fecha: | Venezuela
Acción UrgenteVENEZUELA: DEFENSORA EN LIBERTAD, PERO OTRAS CINCO PERSONAS DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS AÚN DETENIDAS
Aproximadamente a las 21:00 horas del 12 de agosto de 2025, la defensora de los derechos humanos Martha Lía Grajales fue puesta en libertad condicional tras haber permanecido detenida arbitrariamente desde el 8 de agosto en Caracas, Venezuela. No se han retirado los cargos en su contra y otras cinco personas que defienden los derechos humanos siguen en detención arbitraria, entre ellas Javier Tarazona, Rocío San Miguel, Kennedy Tejeda, Eduardo Torres y Carlos Julio Rojas, quien lleva detenido en régimen de incomunicación desde el 30 de julio. Instamos a Nicolás Maduro a que libere de forma inmediata e incondicional a todas las personas detenidas arbitrariamente y proteja sus derechos a la vida, la integridad física y un juicio justo, garantizando específicamente una atención médica fiable y las visitas de sus familiares.
Actúa: redacta tu propio llamamiento o utiliza esta carta modelo
Presidente de la República Nicolás Maduro
Palacio de Miraflores,
Av. Nte. 10, Caracas 1012,
Caracas, Venezuela
Señor Nicolás Maduro:
Celebramos la liberación de Martha Lía Grajales tras su detención arbitraria el 12 de agosto. Nunca debió haber sido detenida, y mucho menos ser objeto de desaparición forzada en los días posteriores a su arresto, y exigimos que se retiren inmediatamente los cargos en su contra. Asimismo, reiteramos nuestra condena de los ataques contra madres, activistas y personas defensoras de los derechos humanos que exigen pacíficamente la protección y la liberación de sus seres queridos detenidos.
Aunque tranquiliza saber que Martha Lía ya no está encarcelada, persiste la preocupación por la seguridad y la integridad personal de otros defensores y defensoras de los derechos humanos que siguen detenidos arbitrariamente por su activismo, entre ellos Javier Tarazona, detenido desde el 2 de julio de 2021; Rocío San Miguel, detenida el 9 de febrero de 2024; Carlos Julio Rojas, detenido desde el 15 de abril de 2024; Kennedy Tejeda, detenido el 2 de agosto de 2024, y Eduardo Torres, detenido el 9 de mayo de 2025.
Condenamos la detención en régimen de incomunicación de Carlos Julio Rojas. Desde el 30 de julio, y sin ninguna explicación, a su familia no se le ha permitido ningún contacto con él, pues le niegan las llamadas telefónicas, las visitas e incluso las entregas de comida y medicación que no estén proporcionadas por las autoridades de El Helicoide, el centro de detención donde permanece recluido. También hemos sabido que a Eduardo Torres tampoco se le permite el contacto directo con sus seres queridos, y que Rocío San Miguel sigue a la espera de que sus médicos de confianza puedan autorizarle la intervención quirúrgica y la rehabilitación que precisa.
Más de 800 personas más detenidas arbitrariamente por motivos políticos y sometidas a desaparición forzada —entre ellas nacionales de España, Colombia y Ucrania, entre otros países— permanecen en estos momentos recluidas injustamente en centros de detención de Venezuela, y sufren una lista interminable de otras violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional. Las autoridades venezolanas que cometan crímenes de derecho internacional y violaciones graves de derechos humanos deben recordar que están siendo objeto de seguimiento y escrutinio por parte de mecanismos internacionales de justicia y rendición de cuentas, incluidas la ONU y la Corte Penal Internacional.
Pedimos la libertad inmediata e incondicional de Eduardo Torres, Javier Tarazona, Rocío San Miguel, Carlos Julio Rojas y Kennedy Tejeda, así como la de todas las personas detenidas arbitrariamente en Venezuela. También exigimos que se revele de inmediato el paradero y la suerte que han corrido todas las personas víctimas de desaparición forzada y que, mientras se encuentren bajo su custodia, los detenidos reciban atención médica adecuada, se les permita recibir visitas de sus familiares y se protejan sus garantías de un juicio justo.
Atentamente,
[NOMBRE]
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C/ Poeta Joan Maragall, 1 (Edif.Eurocentro, pl. 13) 28020 - MADRID
Teléfono: 91 598 12 00 Fax: 91 597 15 83
Información adicional
El 8 de agosto de 2025, Martha Lía Grajales fue aprehendida por presuntos agentes de policía en Caracas, Venezuela. No se supo nada sobre la suerte que corrió ni sobre su paradero hasta el 11 de agosto, cuando el Ministerio Público anunció en redes sociales que, efectivamente, había sido detenida y llevada ante un juez, acusada de los delitos de incitación al odio, conspiración con un gobierno extranjero y asociación ilícita. Estas acusaciones, que carecen de credibilidad o de pruebas que las respalden, son en realidad delitos penales que se utilizan habitualmente para perseguir y castigar cualquier disidencia real o percibida. Pese a haber quedado en libertad condicional, Martha sigue enfrentándose a un proceso penal.
La política de represión que el gobierno de Nicolás Maduro viene ejerciendo desde hace tiempo para silenciar toda forma de disidencia o presunta disidencia alcanzó un máximo histórico tras las elecciones del 28 de julio de 2024, cuando más de 2.000 personas fueron detenidas arbitrariamente por motivos políticos, muchas de ellas acusadas de cargos aparentemente infundados de terrorismo e incitación al odio; entre ellas había grupos vulnerables como niños y niñas y personas con discapacidad. Según la organización local Foro Penal, a 5 de agosto de 2025 al menos 807 personas permanecían detenidas arbitrariamente por motivos políticos, entre ellas 95 mujeres, cuatro adolescentes y 44 personas cuya suerte y paradero se desconocen, según los informes.
En su último informe, Detenciones sin rastro, Amnistía Internacional expuso los casos de 15 personas que demostraban el uso generalizado de la desaparición forzada en Venezuela, especialmente entre agosto de 2024 y junio de 2025. A 11 de agosto de 2025, ocho de esas personas seguían en situación de desaparición forzada: Andrés Martínez (español), Damián Rojas, Danner Barajas (colombiano), Eudi Andrade, Jorgen Guanares, Jose María Basoa (español), Rory Branker y Yevhenii Petrovich Trush (ucraniano). Se ha determinado el paradero de Alfredo Díaz, Dennis Lepaje, Eduardo Torres, Raymar Pérez y Rosa Chirinos, que permanecen en detención arbitraria.
Dentro de esta política de represión, el gobierno ha acosado, procesado y censurado continuamente a activistas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan para proteger los derechos de la población venezolana en medio de una compleja emergencia humanitaria y una profunda crisis de derechos humanos que está obligando a cantidades sin precedentes de venezolanos y venezolanas a huir en busca de seguridad y protección. Se calcula que para mayo de 2025 habían huido de Venezuela 7,9 millones de personas.
Tal como ha denunciado reiteradamente Amnistía Internacional, las personas que defienden los derechos humanos en Venezuela corren un riesgo constante de sufrir acoso, ataques y detención arbitraria. El gobierno de Nicolás Maduro está actualmente emprendiendo varias iniciativas para controlar y silenciar a las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil. La ley adoptada en agosto de 2024 con el título de “Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro”, denominada también “Ley anti-ONG”, impone estrictos controles que incluyen la entrega de listas de miembros y personal y sus bienes, listas de donantes y el registro de sus movimientos económicos. El incumplimiento de los requisitos de registro podría dar lugar al cierre de organizaciones de la sociedad civil y a posibles procesamientos penales. El proyecto de ley entró en vigor en febrero de 2025.
Desde 2020, los informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, de la ONU, han documentado exhaustivamente centenares de casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos en el país desde 2014; además, han documentado la manera en que el sistema de justicia sirve como herramienta para la política de represión del gobierno, y han concluido que algunos de estos crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos constituyen crímenes de lesa humanidad. Específicamente en 2024, la Misión concluyó que tiene “motivos razonables para creer que el crimen de persecución por motivos políticos ha sido cometido durante el período cubierto por su mandato”.
Desde noviembre de 2021, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional está llevando a cabo una investigación penal sobre la situación en Venezuela, en concreto sobre los “[c]rímenes de lesa humanidad de privación de la libertad u otra privación grave de la libertad física (…); tortura (…); violación y/u otras formas de violencia sexual de gravedad comparable (…); y persecución por motivos políticos contra personas detenidas (…), que fueron cometidos desde al menos abril de 2017, por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, autoridades civiles y personas progubernamentales (o grupos denominados ‘colectivos’)”.
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