Tercera AU: 096/23 | Índice: Índice: AMR 53/7761/2024 | Fecha: | Venezuela
Acción UrgenteVenezuela: DEJEN DE NEGAR LA ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS DETENIDAS
El 19 de febrero de 2024, Juan Carlos Marrufo fue trasladado inesperadamente a la prisión venezolana de Rodeo I, después de casi tres años de detención arbitraria por motivos políticos. Aunque su salud se está deteriorando, las autoridades le niegan los exámenes y el tratamiento médicos. María Auxiliadora Delgado, casada con Juan Carlos y también detenida arbitrariamente desde el 19 de marzo de 2019, requiere exámenes médicos inmediatos. Emirlendris Benítez, detenida arbitrariamente en agosto de 2018, sufre problemas de salud derivados de la tortura a la que fue sometida. Necesita cirugía inmediata para tratar sus dolencias. Pedimos al presidente Nicolás Maduro que garantice la liberación de todas estas personas y que, mientras estén bajo custodia, asegure que reciben atención médica sin demora.
Actúa: redacta tu propio llamamiento o utiliza esta carta modelo
Presidente Nicolás Maduro
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela,
Edificio Palacio de Miraflores,
Avenida Urdaneta,
Caracas, Venezuela
Twitter: @NicolasMaduro
Estimado Sr. Nicolás Maduro:
Las autoridades responsables de la vida y la seguridad de todas las personas detenidas en Venezuela deben dejar inmediatamente de negarles la atención médica. La desatención de la salud de Emirlendris Benítez, Juan Carlos Marrufo y María Auxiliadora Delgado es inaceptable y viola sus derechos humanos. Los tres necesitan atención médica urgente, algo que las autoridades que dependen de usted deben proporcionarles de inmediato.
Emirlendris Benítez es una madre, hermana y empresaria que no debería haber sido detenida, no digamos ya soportar una condena injusta a 30 años de prisión. Es víctima de detención arbitraria, tortura, violencia de género, discriminación, juicio injusto y condiciones de reclusión inhumanas. A consecuencia de todas estas injusticias, necesita cirugía urgente para tratar problemas de salud que podrían poner en peligro su vida. Usted tiene el poder de poner fin a su sufrimiento y evitar un daño irreversible.
María Auxiliadora Delgado y Juan Carlos Marrufo llevan detenidos injustamente unos tres años. Los dos precisan exámenes médicos con urgencia para diagnosticar y tratar los problemas de salud que ponen en peligro su seguridad y, posiblemente, su vida. Fueron detenidos inicialmente el 19 de marzo de 2019 por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Son víctimas de detención arbitraria y condiciones inhumanas de reclusión, y se han visto privados de sus planes de aumentar su familia.
Emirlendris Benítez, Juan Carlos Marrufo y María Auxiliadora Delgado deben quedar en libertad de inmediato y sin condiciones. Mientras sigan bajo custodia del Estado, usted debe garantizar sus vidas y su seguridad. Le instamos a que les permita acceder con urgencia a atención médica adecuada y de confianza, incluidas pruebas diagnósticas y tratamiento urgentes.
Atentamente, [NOMBRE]
Envía copia a la representación diplomática de Venezuela acreditada en tu país
Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en España
Calle del Poeta Margall, 1 - Edif. Eurocentro, pl. 13
28020 Madrid
Fax: 91 597 15 83
Correo electrónico: embvenez@teleline.es y despacho@embajadadevenezuela.es
Información adicional
Emirlendris Benítez es una madre, hermana y comerciante venezolana. El 5 de agosto de 2018 fue detenida arbitrariamente por motivos infundados. Las autoridades la vincularon falsamente con actos de violencia cometidos contra destacados dirigentes políticos de Venezuela, una acusación para la que no existen pruebas y que Emirlendris ha negado en todo momento. Mientras estuvo bajo custodia, y a pesar de estar embarazada, Emirlendris fue torturada. Unas semanas después de su detención fue trasladada a la fuerza a un centro médico donde se interrumpió su embarazo sin su conocimiento ni consentimiento. A causa de la tortura a la que fue sometida, necesita el uso a largo plazo de una silla de ruedas para poder moverse. En 2022 fue condenada a una pena de 30 años de prisión por un tribunal no imparcial y guiado por motivos políticos. Emirlendris no debería haber sido detenida, ya que se cree que sus cargos son de motivación política. Además, su draconiana condena debe ser anulada y ella debe ser puesta en libertad de inmediato.
Juan Carlos Marrufo y María Auxiliadora Delgado fueron detenidos inicialmente el 19 de marzo de 2019 por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Son matrimonio y, además de la nacionalidad venezolana, tienen la española y la italiana, respectivamente. Habían decidido someterse a un tratamiento de fertilización in vitro cuando fueron detenidos. Su única relación con delitos parece limitarse a que María Auxiliadora es hermana de un oficial militar retirado presuntamente vinculado a un atentado contra Nicolás Maduro. No sólo son víctimas de detención arbitraria, sino que también se les ha privado de sus planes de aumentar su familia. Mientras María Auxiliadora permanece bajo custodia de la DGCIM en el centro de detención de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Boleíta, Caracas, Juan Carlos fue trasladado inesperadamente a la prisión conocida como Rodeo I. Ambos necesitan exámenes y diagnósticos médicos inmediatos.
Sus detenciones no son un hecho aislado. Entran dentro de un uso generalizado y sistemático de la detención arbitraria —entre otros crímenes internacionales y violaciones de derechos humanos— dirigido contra personas de las que se considera que critican al gobierno de Nicolás Maduro; esos actos podrían por tanto constituir crímenes de lesa humanidad. Entre las víctimas de detención arbitraria se encuentran también el defensor de los derechos humanos y preso de conciencia Javier Tarazona, detenido desde julio de 2021, y la defensora de los derechos humanos Rocío San Miguel, que estuvo sometida a desaparición forzada durante cinco días y continúa detenida desde el 9 de febrero de 2024.
En Venezuela, las organizaciones de la sociedad civil sufren amenazas sistémicas del gobierno. El gobierno de Nicolás Maduro ha acosado, procesado y censurado continuamente a activistas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan para proteger los derechos de la población venezolana en medio de una compleja emergencia humanitaria y una profunda crisis de derechos humanos que está obligando a cantidades sin precedentes de venezolanos y venezolanas a huir en busca de seguridad y protección. A fecha de noviembre de 2023, habían huido de Venezuela más de 7,72 millones de personas, lo que equivale a más del 25% de la población total del país.
Desde 2020, cuatro informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela han documentado exhaustivamente centenares de casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos en el país desde 2014; además, han documentado la manera en que el sistema de justicia sirve como herramienta para la política de represión del gobierno, y han concluido que estas graves violaciones de derechos humanos pueden constituir crímenes de lesa humanidad.
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