Sexta AU 01/25: 01/25 | Índice: AMR 535/0196/2025 | Fecha: | Venezuela
Acción UrgenteVenezuela: Una defensora más, detenida; otro en aislamiento
El 8 de agosto de 2025, la defensora de los derechos humanos Martha Lía Grajales fue aprehendida por presuntos agentes de policía en Caracas, Venezuela. Se encuentra detenida arbitrariamente, y su suerte y su paradero se desconocieron hasta el 11 de agosto. Otras personas que defienden los derechos humanos permanecen en detención arbitraria, entre ellas Javier Tarazona, Rocío San Miguel, Kennedy Tejeda, Eduardo Torres y Carlos Julio Rojas, quien lleva detenido en régimen de incomunicación desde el 30 de julio. Pedimos a Nicolás Maduro que revele de inmediato la suerte y el paradero de todas las personas detenidas, ponga en libertad a todas las que se encuentran detenidas arbitrariamente y proteja su derecho a la vida, la integridad física y un juicio justo.
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Presidente de la República Nicolás Maduro
Palacio de Miraflores,
Av. Nte. 10, Caracas 1012,
Caracas, Venezuela
Señor Nicolás Maduro:
Hemos recibido con horror la noticia de la detención arbitraria de la defensora de los derechos humanos Martha Lía Grajales, y también el hecho de que su suerte y su paradero se ocultaron desde el 8 hasta el 11 de agosto, lo que constituye una desaparición forzada de corta duración. Los cargos presentados contra ella —incitación al odio, conspiración con gobierno extranjero y asociación– carecen de pruebas y de credibilidad. Se trata de delitos penales utilizados habitualmente para perseguir y castigar cualquier forma de disidencia o presunta disidencia.
La detención arbitraria y desaparición forzada de Martha Grajales han tenido lugar en medio de una inexcusable represión del derecho a la protesta pacífica ejercido por madres de personas desaparecidas y activistas que las apoyan. El 5 de agosto, tan sólo unos días antes de la detención de Martha a manos de agentes no identificados, decenas de madres y activistas —incluida Martha— sufrieron agresión y robo a manos de grupos armados mientras celebraban una vigilia ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Los abusos y la revictimización contra estas valientes madres y activistas son un escándalo, y los condenamos con la máxima firmeza.
Nos siguen preocupando la suerte y los derechos de otras personas defensoras de los derechos humanos que permanecen también detenidas arbitrariamente a causa de su activismo, entre ellas Javier Tarazona, detenido desde el 2 de julio de 2021, Rocío San Miguel, detenida el 9 de febrero de 2024 y que requiere cirugía urgente y rehabilitación, Carlos Julio Rojas, detenido desde el 15 de abril de 2024, Kennedy Tejeda, detenido el 2 de agosto de 2024, y Eduardo Torres, detenido el 9 de mayo de 2025. Resulta especialmente preocupante la situación actual de Carlos Julio Rojas. Desde el 30 de julio, su familia ha dejado de tener cualquier tipo de contacto con él, pues le niegan las llamadas telefónicas, las visitas e incluso las entregas de comida y medicación que no estén proporcionadas por las autoridades de El Helicoide, el centro de detención donde permanece recluido.
Más de 800 personas más detenidas arbitrariamente por motivos políticos y sometidas a desaparición forzada —entre ellas nacionales de España, Colombia y Ucrania, entre otros países— permanecen en estos momentos recluidas injustamente en centros de detención de Venezuela, y sufren una lista interminable de otras violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional. Las autoridades venezolanas que cometan crímenes de derecho internacional y violaciones graves de derechos humanos deben recordar que están siendo objeto de seguimiento y escrutinio por parte de mecanismos internacionales de justicia y rendición de cuentas, incluidas la ONU y la Corte Penal Internacional.
Pedimos la libertad inmediata e incondicional de Martha Lía Grajales, Eduardo Torres, Javier Tarazona, Rocío San Miguel, Carlos Julio Rojas y Kennedy Tejeda, así como la de todas las personas detenidas arbitrariamente en Venezuela. También pedimos que se revelen de inmediato la suerte y el paradero de todas las personas que han sido víctimas de desaparición forzada, y que se protejan los derechos de estas personas a la vida, la integridad física y un juicio justo.
Atentamente,
[NOMBRE]
Envía copia a la representación diplomática de Venezuela acreditada en tu país
C/ Poeta Joan Maragall, 1 (Edif.Eurocentro, pl. 13) 28020 - MADRID
Teléfono: 91 598 12 00 Fax: 91 597 15 83
Información adicional
La política de represión largamente ejercida por el gobierno de Nicolás Maduro para silenciar toda forma de disidencia o presunta disidencia alcanzó un máximo histórico tras las elecciones del 28 de julio de 2024, cuando más de 2.000 personas fueron detenidas arbitrariamente por motivos políticos, muchas de ellas acusadas de cargos aparentemente infundados de terrorismo e incitación al odio; entre ellas había grupos vulnerables como niños y niñas y personas con discapacidad. Según la organización local Foro Penal, a 5 de agosto de 2025 al menos 807 personas permanecían detenidas arbitrariamente por motivos políticos, entre ellas 95 mujeres, cuatro adolescentes y 44 personas cuya suerte y paradero se desconocen, según los informes.
En su último informe, Detenciones sin rastro, Amnistía Internacional expuso los casos de 15 personas que demostraban el uso generalizado de la desaparición forzada en Venezuela, especialmente entre agosto de 2024 y junio de 2025. A 11 de agosto de 2025, ocho de esas personas seguían en situación de desaparición forzada: Andrés Martínez (español), Damián Rojas, Danner Barajas (colombiano), Eudi Andrade, Jorgen Guanares, Jose María Basoa (español), Rory Branker y Yevhenii Petrovich Trush (ucraniano). Se ha determinado el paradero de Alfredo Díaz, Dennis Lepaje, Eduardo Torres, Raymar Pérez y Rosa Chirinos, que permanecen en detención arbitraria.
Dentro de esta política de represión, el gobierno ha acosado, procesado y censurado continuamente a activistas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan para proteger los derechos de la población venezolana en medio de una compleja emergencia humanitaria y una profunda crisis de derechos humanos que está obligando a cantidades sin precedentes de venezolanos y venezolanas a huir en busca de seguridad y protección. Se calcula que para mayo de 2025 habían huido de Venezuela 7,9 millones de personas.
Tal como ha denunciado reiteradamente Amnistía Internacional, las personas que defienden los derechos humanos en Venezuela corren un riesgo constante de sufrir acoso, ataques y detención arbitraria. El gobierno de Nicolás Maduro está actualmente emprendiendo varias iniciativas para controlar y silenciar a las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil. La ley adoptada en agosto de 2024 con el título de “Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro”, denominada también “Ley anti-ONG”, impone estrictos controles que incluyen la entrega de listas de miembros y personal y sus bienes, listas de donantes y el registro de sus movimientos económicos. El incumplimiento de los requisitos de registro podría dar lugar al cierre de organizaciones de la sociedad civil y a posibles procesamientos penales. El proyecto de ley entró en vigor en febrero de 2025.
Desde 2020, los informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, de la ONU, han documentado exhaustivamente centenares de casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos en el país desde 2014; además, han documentado la manera en que el sistema de justicia sirve como herramienta para la política de represión del gobierno, y han concluido que algunos de estos crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos constituyen crímenes de lesa humanidad. Específicamente en 2024, la Misión concluyó que tiene “motivos razonables para creer que el crimen de persecución por motivos políticos ha sido cometido durante el período cubierto por su mandato”.
Desde noviembre de 2021, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional está llevando a cabo una investigación penal sobre la situación en Venezuela, en concreto sobre los “[c]rímenes de lesa humanidad de privación de la libertad u otra privación grave de la libertad física (…); tortura (…); violación y/u otras formas de violencia sexual de gravedad comparable (…); y persecución por motivos políticos contra personas detenidas (…), que fueron cometidos desde al menos abril de 2017, por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, autoridades civiles y personas progubernamentales (o grupos denominados ‘colectivos’)”.
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