Séptima AU: 72/24: 72/24 | Índice: AMR 53/1059/2026 | Fecha: 29 de mayo de 2026 | Venezuela

Acción Urgente

Venezuela: Unas pocas personas liberadas, centenares permanecen detenidas

Samantha Hernández, venezolana de 16 años, fue puesta en libertad condicional el 18 de mayo de 2026. Su hermana, Aranza Hernández, tenía 19 años cuando fue detenida arbitrariamente el 20 de noviembre de 2025, y continúa detenida injustamente. Aproximadamente 500 o 600 personas continúan detenidas arbitrariamente por motivos políticos, entre ellas Emirlendris Benítez y Juan Carlos Marrufo, que necesitan urgentemente asistencia médica. Se desconoce la suerte y el paradero de algunas personas a las que se cree detenidas, como Jorgen Guanares. Pedimos al fiscal general que garantice que todas las personas detenidas arbitrariamente son liberadas de inmediato y que, mientras estén bajo custodia, se hagan públicos su suerte y su paradero y se les garantice atención médica adecuada.

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Larry Devoe

Fiscal General

Edificio Ministerio Público, PB

Av. Urdaneta, esquinas de Ánimas a Platanal

Caracas, Venezuela

Señor Fiscal General:

Condeno la continuada negativa de las autoridades venezolanas a poner en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente en Venezuela. Esta negativa resulta aún más cruel tras los reiterados anuncios realizados por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, sobre la liberación de centenares de personas detenidas arbitrariamente. Una vez más, las autoridades muestran un deplorable desprecio por las esperanzas y el sufrimiento de las víctimas y de sus seres queridos, que piden incansablemente la liberación de sus familiares a pesar de la injusticia generalizada, cruel y sistémica.

Resulta sumamente inquietante observar el reconocimiento tácito, por parte de autoridades gubernamentales de alto rango, del hecho de que centenares de personas permanecen recluidas injustamente bajo custodia del Estado, sin que esas autoridades emprendan acciones enérgicas para poner fin a esta situación pese a tener el poder de hacerlo. Es urgente y necesaria la liberación de todas las víctimas de detención arbitraria, como la de la adolescente Samantha Hernández el 18 de mayo y otras pocas más en los días siguientes.

Lamento tener que recordar a las autoridades venezolanas que la detención arbitraria es una violación grave de derechos humanos, aún más agravada a menudo por otros actos prohibidos por el derecho internacional que se están cometiendo en Venezuela, como la desaparición forzada y la tortura y otro trato cruel, inhumano o degradante. Este es el caso, por ejemplo, de Jorgen Guanares, cuya suerte y paradero se desconocen desde agosto de 2024, y de Emirlendris Benítez y Juan Carlos Marrufo, a quienes actualmente se les niega atención médica adecuada a pesar de su sufrimiento y de su necesidad urgente de recibirla.

Se está obligando a familias, comunidades y organizaciones de la sociedad civil a enfrentarse a la incertidumbre de no saber qué podría sucederles a las personas detenidas, que podrían incluso morir bajo custodia, como en el caso, alarmante y ampliamente condenado, de Víctor Hugo Quero Navas. La resiliencia y la fuerza demostrada por su madre, Carmen Navas, que falleció unos días después de conocer la suerte corrida por su hijo, tuvieron como respuesta una sonora solidaridad nacional e internacional, pero también una impunidad persistente.

Le pido que garantice la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente. Mientras estén bajo custodia del Estado, debe protegerse la vida de todas las personas detenidas, deben hacerse públicos su suerte y su paradero, y deben otorgárseles todas las garantías procesales, como por ejemplo abogados de su elección, atención médica adecuada y visitas familiares.

Atentamente,

[NOMBRE]

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C/ Poeta Joan Maragall, 1 (Edif.Eurocentro, pl. 13) 28020 - MADRID
Teléfono: 91 598 12 00 Fax: 91 597 15 83

Información adicional

La larga política de represión del gobierno venezolano para silenciar toda forma de disidencia o presunta disidencia ha utilizado de forma continuada detenciones arbitrarias de motivación política para perseguir a personas en Venezuela. Durante muchos años, las autoridades han utilizado la denominada “puerta giratoria”, en la que las liberaciones suelen venir seguidas de nuevas detenciones. De igual modo, las personas liberadas continúan sometidas a procedimientos penales arbitrarios y restricciones de su libertad, que perpetúan el temor, la revictimización y las violaciones de derechos humanos. Esta práctica alcanzó un máximo histórico tras las elecciones del 28 de julio de 2024, cuando más de 2.000 personas fueron detenidas arbitrariamente por motivos políticos, muchas de ellas acusadas de cargos aparentemente infundados de terrorismo e incitación al odio; entre ellas había grupos vulnerables como niños y niñas y personas con discapacidad.

Entre diciembre de 2025 y mayo de 2026, las autoridades venezolanas han liberado lenta y esporádicamente a unos pocos cientos de víctimas de detención arbitraria de motivación política; a la mayoría las han puesto en libertad condicional, manteniendo las investigaciones penales o los cargos contra ellas. El 3 de enero, la acción militar llevada a cabo por Estados Unidos en Venezuela dio lugar a la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, y a la toma de posesión de Delcy Rodríguez como presidenta en funciones de Venezuela. Unos días después, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció que se iba a liberar a un “número significativo” de personas detenidas. De nuevo en mayo, anunció la liberación de “300” personas detenidas. A 25 de mayo, al menos 457 personas seguían detenidas arbitrariamente por motivos políticos, según la ONG venezolana Foro Penal, mientras que otras ONG (como Justicia, Encuentro y Perdón) aumentan esa cifra a más de 600.

Dentro de esta política de represión, el gobierno ha acosado, procesado y censurado continuamente a activistas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan para proteger los derechos de la población venezolana en medio de una compleja emergencia humanitaria y una profunda crisis de derechos humanos que está obligando a cantidades sin precedentes de venezolanos y venezolanas a huir en busca de seguridad y protección. Se calcula que para mayo de 2025 habían huido de Venezuela 7,9 millones de personas.

Desde 2020, los informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, de la ONU, han documentado exhaustivamente centenares de casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos en el país desde 2014; además, han documentado la manera en que el sistema de justicia sirve como herramienta para la política de represión del gobierno, y han determinado que algunos de estos crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos constituyen crímenes de lesa humanidad. Específicamente en 2024, la Misión concluyó que tiene “motivos razonables para creer que el crimen de persecución por motivos políticos ha sido cometido durante el período cubierto por su mandato”. La Misión reiteró una vez más sus conclusiones en su informe de 2025.

Desde noviembre de 2021, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional está llevando a cabo una investigación penal sobre la situación en Venezuela, en concreto sobre los “[c]rímenes de lesa humanidad de privación de la libertad u otra privación grave de la libertad física (…); tortura (…); violación y/u otras formas de violencia sexual de gravedad comparable (…); y persecución por motivos políticos contra personas detenidas (…), que fueron cometidos desde al menos abril de 2017, por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, autoridades civiles y personas progubernamentales (o grupos denominados ‘colectivos’)”.

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