Primera AU: 008/24 | Índice: MDE 31/7631/2024 | Fecha: 4 de febrero de 2024 | Yemen

Acción Urgente

Yemen: RIESGO DE EJECUCIÓN DE DEFENSORA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Fatma al-Arwali, defensora de los derechos humanos de 34 años, podría ser ejecutada, pues el Tribunal Penal Especializado de Saná (Yemen), controlado por los huzíes, la declaró culpable de “ayudar a un país enemigo” y la condenó a muerte el 5 de diciembre de 2023 tras un juicio manifiestamente injusto. Desde su detención, en agosto de 2022, los servicios huzíes de seguridad e inteligencia la sometieron a interminables violaciones de derechos humanos, incluidas desaparición forzada y detención en régimen de incomunicación, en condiciones que infringían la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos.

Actúa: redacta tu propio llamamiento o utiliza esta carta modelo

Portavoz de Ansarolá / Ansarullah Spokesperson
Mohamed Abdelsalam
Correo-e: mdabdalsalam@gmail.com
Twitter: @abdusalamsalah>

Señor Mohamed Abdelsalam:
Me preocupa profundamente que la defensora de los derechos humanos Fatma al-Arwali pueda ser ejecutada, ya que el Tribunal Penal Especializado de Saná, controlado por los huzíes, confirmó su condena de muerte el 5 de diciembre de 2023 tras un juicio manifiestamente injusto. El temor por su vida es aún mayor desde que, el 18 de enero de 2024, su hermano recibiera una llamada telefónica de un número desconocido en la que le dijeron que iba a ser ejecutada el 21 de febrero de 2024 en la plaza de Tahrir de la capital yemení, Saná. El 21 de enero de 2024, su hermano fue a preguntar al centro de los servicios de seguridad e inteligencia del barrio de Al Siyasi de Saná y le dijeron que no había orden de ejecutarla.
El 13 de agosto de 2022, las fuerzas de seguridad huzíes detuvieron a Fatma Al Arwali en un puesto de control de Al Manshur (gobernación de Taiz). La sometieron a desaparición forzada durante alrededor de ocho meses, en el transcurso de los cuales su familia preguntó por ella en todas las comisarías de policía y prisiones de Saná y las autoridades les dijeron que no tenían ninguna información sobre su suerte y su paradero. Posteriormente, la familia supo de manera oficiosa que, tras su detención, Fatma al Arwali había sido recluida en régimen de incomunicación en el centro de detención de los servicios de seguridad e inteligencia de Chamlan, en Saná, donde continúa hasta la fecha. La desaparición forzada es un crimen de derecho internacional.
El 31 de julio de 2023, la fiscalía la acusó de colaborar con Emiratos Árabes Unidos y facilitar las coordenadas de localización de puestos de las fuerzas armadas huzíes y los “comités populares”, cargo penado con la muerte, así como de utilizar un documento de identidad falso. El caso se remitió al Tribunal Penal Especializado para su enjuiciamiento. A Fatma al Arwali se le negó su derecho a un juicio justo. El 19 de septiembre de 2023, durante la primera vista, el juez no quiso registrar la presencia de su abogado en el acta del tribunal. Unos miembros de los servicios de seguridad e inteligencia que se encontraban en la sala intentaron sacar de ella al letrado. El juez dijo entonces a Fatma al Arwali que no necesitaba abogado. Ella le explicó que estaba recluida en condiciones crueles a inhumanas en una celda subterránea. También solicitó ver a sus hijos.
El 5 de diciembre de 2023, el Tribunal Penal Especializado la declaró culpable de “ayudar a un país enemigo” y la condenó a muerte. Según la legislación yemení, Fatma al Arwali tiene derecho a que su condena y sentencia sean revisadas por el Tribunal Superior, pero la independencia e imparcialidad de éste son cuestionables.
Instamos a las autoridades huzíes de facto a que anulen de inmediato la pena de muerte y la sentencia condenatoria de Fatma al Arwali y garanticen que es sometida de nuevo a juicio, con las debidas garantías y sin recurrir a la pena capital, ante un tribunal competente, independiente e imparcial o, de lo contrario, se la deja en libertad y se retiran todos los cargos contra ella. Hasta el momento de su liberación, lo instamos a garantizar que puede comunicarse periódicamente con su familia y su abogado y que permanece recluida en condiciones acordes con las normas internacionales sobre el trato debido a las personas presas.>

Atentamente, [NOMBRE]

Envía copia a la representación diplomática de Yemen acreditada en tu país

Embassy of Yemen in Madrid, Spain

Yemeni Embassy in Madrid
Paseo de la Castellana no 117-8º D
28046 Madrid
Spain
Fax: (+34) 91 562 38 65
(+34) 637 86 40 47

Email: secretaria@embyemenesp.com

Información adicional

Fatma al-Arwali era la directora de la oficina yemení de la Unión para el Liderazgo de las Mujeres de la Liga Árabe y se dedicaba a promover los derechos de las mujeres.
Su juicio estuvo plagado de violaciones del derecho a un juicio justo. Dado el carácter irreversible de la pena de muerte, los procedimientos en los que pueda imponerse deben cumplir escrupulosamente todas las normas internacionales pertinentes que protegen el derecho a un juicio justo. Toda persona detenida por cargos penales debe ser tratada de manera que se cumplan plenamente las obligaciones contraídas por el Estado en materia de derechos humanos, incluido el derecho a un juicio justo. Para ello, deben garantizarse los derechos de la persona a elegir su representación letrada; recibir asistencia jurídica efectiva desde el momento de su detención, durante el juicio y en las actuaciones preliminares; comparecer con prontitud ante un juez de la jurisdicción civil ordinaria; impugnar la legalidad de la detención ante un tribunal independiente e imparcial; ser considerada inocente; guardar silencio y no ser obligada a inculparse o declararse culpable; tener acceso pleno a las pruebas pertinentes; no permanecer detenida por cargos imprecisos; interrogar y contrainterrogar a testigos; ser sometida a una vista justa y pública ante un tribunal competente, independiente e imparcial, y recibir una sentencia pública y fundamentada.
Desde 2015, Amnistía Internacional ha documentado los casos de más de 60 personas que comparecieron ante el Tribunal Penal Especializado de Saná -entre ellas periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y miembros de la oposición política o de minorías religiosas- y fueron sometidas a juicios injustos por cargos falsos o inventados Casi todas ellas fueron juzgadas por espionaje, delito punible con la muerte según la legislación yemení.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, sin excepción. La pena de muerte constituye una violación del derecho a la vida, proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y es el máximo exponente de pena cruel, inhumana y degradante. Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente a todos los Estados que mantienen la pena de muerte que declaren una suspensión oficial de las ejecuciones con miras a su abolición total.
>

Puedes escribir los llamamientos en: Árabe e inglés

También puedes escribir en tu propio idioma.

Envía los llamamientos lo antes posible y no más tarde del 28 de marzo de 2024

Consulta con la oficina de Amnistía Internacional de tu país si deseas enviar llamamientos después de la fecha indicada.